El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado la reforma de la ordenanza que regula la instalación de terrazas en la vía pública, con el objetivo de ganar espacio para los peatones. La Comisión de Policía, Tráfico y Transportes abrió el debate este miércoles y lo continuará en las próximas sesiones.
La reforma no crea una norma desde cero. Refunde en un solo texto las dos ordenanzas vigentes, la general y la del casco histórico, y añade cambios para situaciones nuevas y para zonas de la ciudad con necesidades distintas.
El cambio más visible afecta al tamaño de los veladores. El nuevo texto permite modelos que ocupan 1,16 o 1 metro cuadrado de suelo público, según el diseño, frente a los 2,75 o 2,35 metros cuadrados de los autorizados ahora. Con mesas más pequeñas queda más superficie libre para el paso en distintos puntos de la ciudad.
Las normas cambian también cuando varios bares o restaurantes piden el mismo espacio. La ordenanza fija nuevos criterios de reparto, basados en la objetividad, la igualdad, la publicidad, la transparencia y la concurrencia. El procedimiento para conceder y transmitir licencias se simplifica.
Las autorizaciones serán temporales y revocables por razones de interés público justificadas. No dan derecho a renovación ni a conservar en el futuro una superficie, ubicación, horario o mobiliario concretos.
Se mantienen las dos temporadas de explotación y la exigencia de limpieza, salubridad y seguridad en todo momento. El texto garantiza además los itinerarios peatonales accesibles, la entrada libre a portales y servicios, las vías de emergencia y la movilidad en calles de plataforma única, y obliga a que la instalación, el mobiliario, la delimitación y la retirada de las terrazas cumplan las normas de accesibilidad universal.
Los espacios de mayor valor histórico y arquitectónico tendrán una regulación reforzada. En ellos se limitarán las zonas que pueden ocuparse y se fijarán condiciones de diseño, materiales, colores y publicidad del mobiliario.
La ordenanza incorpora un régimen de inspección y sanciones para asegurar que se cumplen las condiciones de ocupación y evitar usos no autorizados. Una disposición transitoria regula el paso desde las normas actuales al nuevo régimen.