El Grupo Parlamentario de PODEMOS en las Cortes de Castilla y León ha recibido contestación a una serie de preguntas formuladas a la Junta de Castilla y León en relación al proyecto de mina de uranio a cielo abierto que se proyecta en Retortillo-Santidad.
Las respuestas proporcionadas ponen de manifiesto la gran desidia con la que actúa el Partido Popular ante la tramitación de un proyecto sobre el que se ha mostrado, en sede parlamentaria, como su único avalista en perjuicio de nuestros pueblos, su economía (fuertemente vinculada a sus valores medioambientales) y la población en general.
La indiferencia que recogen esas respuestas constatan que, como recogía recientemente un medio de comunicación estatal, el Partido Popular está siendo no sólo cómplice sino colaborador necesario e imprescindible para los turbios negocios de una empresa multinacional bien conocida fuera de nuestro país y que se propuso y consiguió timar a la Empresa Estatal ENUSA.
De hecho, como reconoce la Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, esa Consejería no tiene conocimiento del consorcio establecido por Enusa y Berkeley en el año 2009. Dicho consorcio fue el que realizó trabajos de exploración previos a la actual concesión de explotación minera y que resultan necesarios para comprender el alcance del actual proyecto minero. Para realizar esos trabajos se requiere el permiso de la Junta de Castilla y León.
Desde la Consejería de Economía y Hacienda también se ha contestado a otra pregunta formulada el pasado mes de febrero en el sentido de que la Administración Autonómica desconoce cuáles son las operaciones de compra-venta de uranio al afirmar que no ha solicitado informes acerca de esas operaciones derivadas de la concesión de explotación.
Resulta especialmente grave y preocupante que la Junta de Castilla y León se muestre tan tranquila en todo lo que tiene que ver con esa actividad industrial ya que de ella no sólo se derivan situaciones que atañen a la salud pública, también se trata de cuestiones estratégicas para los Estados y la Unión Europea. La Junta de Castilla y León debe contar con la necesaria documentación procedente de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea y la Agencia de Abastecimiento de EURATOM o reclamarla si reconoce que no dispone de ella.
La manifiesta dejación de funciones y, en definitiva, la actitud tan irresponsable como colaboradora que la Junta de Castilla y León tiene con una empresa que se propone arruinar el Campo Charro, sólo encuentra explicación en los intereses y relaciones de los dirigentes del Partido Popular con una empresa que desarrolla un proyecto especulativo el cual atenta contra la salud de todas las personas y contra nuestro patrimonio natural.
